Enfatizó que “en concreto, todos los funcionarios de la gestión del Poder Ejecutivo que sean electos por la voluntad popular o nombrados como un Ministro, permanentes o transitorios, que manejan recursos del estado por presupuesto, tienen que ser sometidos a dar cuenta de qué hicieron con ese dinero, su declaración patrimonial y al mismo tiempo una valoración pública de su desempeño, es decir, si consiguió metas y si consiguió objetivos”.
Valoró la importancia de la norma puntualizando que a través de este mecanismo “el pueblo puede medir o valorar si en definitiva tuvo un muy buen funcionario o un funcionario irregular, es un planteo del propio Gobernador que va en busca de mayor calidad institucional y de mayor control ciudadano”.