Señaló que “este instrumento del juicio de residencia tiene un procedimiento que se lleva a cabo ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que es quien recepta la denuncia, declara procedente o no la investigación, y si la declara procedente, tiene cuatro meses para expedirse, durante ese tiempo el funcionario no puede salir de la provincia por un lapso mayor a los 30 días, es decir tiene que estar a disposición del fiscal administrativo”.
Explicó que “es una obligación de rendir cuentas en tres instancias: ante el Tribunal de Cuentas, por los fondos que le asigna la ley de presupuesto, ante la Cámara de Diputados, con un control institucional político de las metas alcanzadas o no, y ante la Fiscalía Administrativa, lo cual incluye también todo su patrimonio personal, de manera que entendemos que es una muy buena legislación que promueve la participación popular en el contralor del accionar de los funcionarios y que cada funcionario sepa que una vez que termina su función, gestión o mandato va estar expuesto a la ‘lupa’ de la ciudadanía”.