Destacó que “estos empleados vienen batallando con la Municipalidad desde el año 2007 agotando todas las instancias administrativas ya que desde el mismo momento que pasaron a planta deberían estar percibiendo este beneficio y no lo hacen”. Explicó que “llevaron posteriormente hasta el ámbito judicial este reclamo, existe una sentencia del mes de febrero del 2015 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictada por Juan Carlos Soriano que condena a la Municipalidad de Resistencia a reconocer y abonar esta bonificación, una medida que es apelada por el municipio dilatando una vez más esta situación”.
“Ellos ven una medida totalmente arbitraria y discriminatoria en esto –remarcó- y nosotros coincidimos, porque creemos que no hay argumentos para que estos trabajadores que están todos los días prestando servicio en las calles de Resistencia no perciban un beneficio de insalubridad que claramente la ley marca que les corresponde, lo que nos duele es que todas estas familias de trabajadores no han podido proyectar los gastos de sus hogares con este adicional que implica un 30% del sueldo básico”.
El diputado consideró que “es muy difícil a veces llegar a quienes son responsables de la administración política de la Municipalidad de Resistencia, por eso apelamos a los medios de comunicación para poder acercarnos a ellos y enviarles un claro mensaje: pretendemos que los trabajadores tengan los beneficios que les corresponden, y que sean tenidas en cuenta las distintas denuncias de las que ha tenido conocimiento la Comisión de Derechos Humanos, como ser las de la Dirección de Tránsito, la Caja Municipal y la Imprenta de la Municipalidad de Resistencia, todas denuncias que ha recepcionado esta Comisión y que coinciden en arbitrariedades, persecuciones de tipo laboral y discriminación en el pago de sueldos y bonificaciones”.