El análisis cualitativo y cuantitativo de reclamos, mediaciones y denuncias, se actualiza con una periodicidad de tres meses, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la real situación por la que atraviesan los trabajadores en sus contextos laborales, en los cuales se evidencia la ausencia de perspectiva de género y derechos humanos.
Instituida por la Ley N° 2023-A y puesta en funcionamiento por la presidenta Elida Cuesta, la Oficina realizó un informe pormenorizado de los siguientes períodos: en 2016 hubo un 4% de denuncias (septiembre-diciembre), mientras que en 2017 tuvo un ascenso del 43% (febrero- diciembre), en 2018 tuvo un máximo de 47% (febrero-diciembre) y en lo que va de 2019 un 7% (febrero-abril).
En cuanto al porcentaje de los trabajadores y trabajadoras denunciantes, un 88% pertenece a la planta permanente y un 12% al personal transitorio.Asimismo, de acuerdo al género, el mayor porcentaje de denuncias es de mujeres (78%) y un 22% de hombres.
Por otro lado, los informes de la Oficina detallan el porcentaje de los modos en que se manifiesta la violencia laboral en la administración pública, nombrando que el maltrato psíquico y social se dio en un 69%, el acoso psicológico en un 12%, la discriminación en un 9%, el maltrato físico en un 7%, el acoso sexual en un 2% y la inequidad salarial en un 2%.
Además, los porcentajes detectan que la violencia descendente, que significa que quien la ejerce es una persona que detenta un cargo jerárquico, es un 70%; la violencia ascendente, de una persona con un cargo o jerarquía inferior respecto a la víctima, tomado por trabajadores que ejercieron la violencia contra su jefe, en un 12%. Finalmente, la forma horizontal tuvo un 18% de denuncias, situación que se da cuando existe el acoso por parte de compañeros de trabajo en situación de paridad o igualdad en cuanto a su jerarquía.
Los casos también presentaron repercusiones en la salud (54%) y el trabajo (51%), que evidenciaron traslados y sanciones injustificadas, afectación de la carrera administrativa, ausentismo laboral, pedidos de licencia, retiros voluntarios, exclusión, segregación y aislamiento de las víctimas.