Sobre la Ley N° 3401-A que Incorpora la Perspectiva de Género y Diversidad en toda la Información y Estadísticas Públicas de la provincia del Chaco, la legisladora expresó “compartiendo y siguiendo posiciones del feminismo, sostenemos que la incorporación del enfoque de género y diversidad en la producción de información y estadísticas es de suma importancia ya que otorga visibilidad a las distintas manifestaciones de las desigualdades de géneros”.

 

Además “permite una comprensión más adecuada y significativa de las relaciones sociales entre los sexos e identidades de género, y contribuye a transversalizar el enfoque de género en el diagnóstico y la formulación de las políticas públicas, algo necesario, sobre todo para llevar adelante políticas públicas para los distintos sectores de la sociedad chaqueña, tendiendo al logro de la plena igualdad entre personas. Esperamos que esta norma contribuya a la atenuación hasta la desaparición de la producción de datos atravesada por una matriz heteronormativa binaria”.

 

En tanto que de la sanción legislativa N° 3402-J  por la que se deroga los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 850 – j (Antes Ley 4.209). Código de Faltas de la provincia del Chaco, consideró “creemos que los artículos 72 y 73 del Código de Faltas de la Provincia, fomentan y consolidan la victimización total de las personas que ejercen la prostitución, y por ello creemos que es de suma importancia poder avanzar con la derogación de ellos”.

 

“El ejercicio de la prostitución libre ha sido eliminado como contravención por varios códigos por resultar simplemente un modo de control policial y de discriminación y prohibición a la libre elección del modo de vida” argumentó Cubells.

 

Y afirmó que “muchas veces se suele utilizar la prohibición como argumento de política criminal contra la trata de personas y la explotación sexual. Sin embargo, debemos replantearnos si es una política que ha servido para los fines que se replican o simplemente se transforma en un modo de control social de las personas más vulnerables ante las fuerzas de seguridad”.

 

Por otro lado indicó “debemos atender a los derechos constitucionales vulnerados con la criminalización de estas acciones, como lo es el derecho de reserva. Y, especialmente, debemos visibilizar lo que nos dice la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, en la opinión remitida a la Comisión de Legislación General, que se debe tener en cuenta el particular contexto de vulneración de derechos que puede darse en torno a la situación de prostitución y su consecuente ‘clandestinidad’ y marginación” concluyó la legisladora.